La finalidad es sancionar la cohabitación forzada, y con ello homologar el Código Penal del estado con el federal.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXI Legislatura del estado, diputado Guillermo Vega Guerrero, acompañado de las diputadas María Leonor Mejía Barraza, Juliana Rosario Hernández Quintanar y Alejandrina Verónica Galicia Castañón; así como del diputado Luis Antonio Zapata Guerrero, y de la ex diputada federal Jacqueline Hinojosa Madrigal, quien habló en representación de la activista por la igualdad de género y los derechos de las mujeres indígenas y de las comunidades, Eufrosina Cruz, dieron a conocer la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Querétaro, para sancionar la cohabitación forzada, con la finalidad de homologar el Código Penal del estado con el Código Penal federal.
Al hacer uso de la voz la diputada Leonor Mejía, informó que esta iniciativa de ley busca adicionar un capítulo al Código Penal para el Estado de Querétaro para sancionar la cohabitación forzada. Indicó que como mujer, como madre y como diputada, se suma a la presentación de esta iniciativa en materia de cohabitación forzada, convencida de que ninguna niña, niño o adolescente debe ser obligado a compartir su vida con alguien por imposición, miedo o por violencia.
Expresó que si bien, el matrimonio infantil, ya está prohibido, las uniones informales no, y dijo que representan una de las expresiones más dolorosas de violencia contra la niñez, ya que arrebatan su infancia, limitan sus oportunidades y vulneran múltiples derechos fundamentales, condenándolos a una vida marcada por la desigualdad y la exclusión.
Destacando también la vulneración de los siguientes derechos: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la libertad y a la autonomía; derecho también a la protección contra la violencia, derecho a la igualdad y la no discriminación.
“La omisión de este tipo penal en nuestro marco jurídico, perpetúa el dolor y la impunidad al permitir que estas prácticas sean invisibilizadas o justificadas, mientras el Estado carece de las herramientas necesarias para intervenir y garantizar la justicia. Como lo comenté desde el 2019, la ley impide el matrimonio antes de los 18 años en todo el país, pero de acuerdo con la Organización no Gubernamental Save the Children, las uniones no registradas siguen siendo comunes y están fuera de la supervisión legal, haciendo énfasis lo siguiente, que en la mayoría de uniones, las niñas y adolescentes están unidas con una pareja, por lo menos 6 años mayores que ellas; que más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, viven en unión temprana, y el 76% son niñas, dato del INEGI que viene del censo del 2020; y que la proporción de niñas y adolescentes casadas, unidas de manera informal, es mucho mayor al de los niños y adolescentes hombres”, refirió la diputada Leonor Mejía.
Añadió que se propone que quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a otra persona con el fin de vivir de forma equiparable a la de un matrimonio, se le impondrá de 8 a 15 años de prisión, una multa de mil 500 a 3 mil UMAS, y desde 2 mil hasta 3 mil 500 veces el valor del UMA diario por el concepto de reparación de daño.
“Las agravantes para estos casos que exista una relación de parentesco, de consanguinidad o en línea recta, ascendente o descendente, o colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad, a quienes se les impondrá un tercio más de las sanciones previstas en este artículo, a quien comete la cohabitación forzada. Por último quiero decirles que proteger la infancia no es una opción, es una obligación del Estado; en Querétaro, la infancia no se negocia, se protege. Ninguna costumbre puede estar por encima de la dignidad de una niña o de un niño. Hoy decimos con claridad que la infancia se cuida, se respeta y se defiende; que ninguna niña o adolescenta vuelva a perder su infancia por imposición o por violencia”.
En su momento, Jaqueline Hinojosa, habló en representación de Eufrosina Cruz, quien dijo, vivió en carne propia, lo que era querer ser forzada a un matrimonio infantil, y por lo cual se fue de su comunidad para ser una mujer valiente y alzar la voz por todas aquellas que todavía no pueden.
Recordó que en su momento, esta iniciativa se presentó a nivel federal, impulsada por el entonces diputado federal Felipe Fernando Macías Olvera, como presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, quien les ayudó a consensarla con todas las fuerzas políticas y hacer de esta lucha de todos para que las niñas sean libres y felices.
