El objetivo es realizar las adecuaciones locales para que se dé la renovación total de los cargos de elección del Poder Judicial local.
En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales, contando con la asistencia de su presidente, Guillermo Vega Guerrero y del diputado Enrique Antonio Correa Sada, se realizó una exposición a sus homólogos integrantes de esta Legislatura, de la Iniciativa de Ley presentada por el gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, de diversas disposiciones constitucionales del Poder Judicial.
Lo que deriva en una obligación para las entidades federativas para realizar las adecuaciones locales para que se dé la renovación total de los cargos de elección del Poder Judicial local y que deberá concluir dentro del periodo de las elecciones de 2027, esto derivado del Decreto federal de reforma del 15 de septiembre de 2024.
El diputado Enrique Correa dio a conocer que esta iniciativa propone que, mediante elección popular los magistrados y jueces sean electos por voto directo y secreto de la ciudadanía.
El mandato de los jueces se propone sea de nueve años con la posibilidad de una reelección y la conformación del Tribunal Superior de Justicia con un mínimo de 13 magistraturas propietarias y sustitutos. Dijo que esta reforma representa un cambio estructural en la forma de acceder a los cargos judiciales pasando por la designación directa por parte de los ciudadanos.
Informó que los requisitos que presenta esta iniciativa para ser magistrado entre otros son: haber residido en el estado cuando menos los tres años anteriores inmediatos al día de su elección; no haber ocupado el cargo de titular de la secretaría del Poder Ejecutivo, fiscal o diputado local durante un año previo a la convocatoria; y se elimina el requisito de edad para acceder al cargo de magistrado.
Por otra parte, la reforma mandata la creación de un órgano de administración judicial que esté compuesto por cinco integrantes más representantes de las Barras, Colegios de Abogados y universidades del estado.
La designación se da por el titular del Poder Ejecutivo, otro por el Congreso del Estado y por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría calificada. La duración del cargo es por seis años y no hay reelección, garantizando una administración con independencia técnica y de gestión.
El legislador manifestó que, asimismo, se propone la creación del Tribunal de Disciplina Financiera con las características del órgano que este tribunal está integrado por cinco personas electas por la ciudadanía más suplentes. Los integrantes podrán durar seis años en su cargo y serán sustituidos de manera escalonada y no pueden ser reelectos.
La iniciativa establece que ningún magistrado podrá tener una retribución mayor a la retribución que reciba el titular de la Presidencia de la República.
Correa Sada indicó que la reforma del Poder Ejecutivo señala que el 1 de octubre de 2027 las personas juzgadoras electas en la elección ordinaria del 2027 entrarían en funciones, por lo que queda igual que la reforma constitucional federal, así como la prohibición del proselitismo de partidos políticos, servidores públicos para evitar la intromisión de estos en la elección.
Por último, el diputado Enrique Correa dijo que con esta iniciativa de reforma se busca una justicia restaurativa donde el estado promoverá e impulsará mecanismos, privilegiando la solución de conflictos, dando beneficios clave para ayudar al sistema judicial a reducir las cargas de tribunales, disminuir los tiempos de resolución y, sobre todo, reducir los gastos de judicialización.
