Exhorta a que las investigaciones sigan la ruta del dinero hacia prestanombres y familiares en casos de enriquecimiento ilícito.
En rueda de prensa en las instalaciones de la Legislatura del estado de Querétaro, Santiago Nieto Castillo, acompañado por legisladores de la Cuarta Transformación y del Partido Verde Ecologista de México —entre ellos el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Arturo Maximiliano García y los diputadas y diputados Claudia Díaz Gayou, Andrea Tovar, Sully Mauricio Sixtos, Gina Guzmán, Homero Barrera, Ulises de la Rosa, Sinhue Piedragil—, propuso formalmente la adopción de una iniciativa integral denominada “8 de 8 Plus”.
Nieto Castillo subrayó que los filtros patrimoniales, fiscales y de no antecedentes penales, planteados bajo el esquema denominado “6 de 6”, así como los lineamientos contra deudores alimentarios y agresores por motivos de género, ya forman parte del marco normativo federal y de las disposiciones electorales vigentes.
Criticó que se asesore al gobernador con esquemas que ignoran la legislación vigente y rechazó el uso de pruebas como el polígrafo, al señalar que existen cuestionamientos jurídicos sobre su utilización y que la revisión de los perfiles debe recaer en instituciones públicas con facultades legales para ello.
Asimismo, cuestionó que se pretenda delegar la revisión fiscal de los perfiles a colegios de profesionistas privados, recordando precedentes históricos como Pemexgate y Amigos de Fox, en los que la fiscalización real no surgió de declaraciones voluntarias, sino de investigaciones financieras formales.
Propone “8 de 8 Plus” para atender problemas específicos de Querétaro
Las dos vertientes clave de la iniciativa “8 de 8 Plus” responden, dijo Nieto Castillo, a problemáticas particularmente relevantes para Querétaro, por lo que planteó incorporar dos requisitos específicos e ineludibles para cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular:
- Cero vínculos con redes de corrupción inmobiliaria: verificación exhaustiva de que los aspirantes no hayan participado en despojos, cambios irregulares de uso de suelo, permisos discrecionales o tráfico de influencias asociados a desarrollos inmobiliarios.
- Cero vínculos con corrupción o lucro indebido del agua: transparencia total en concesiones, infraestructura, contratos y derechos de agua para evitar que un recurso humano fundamental sea utilizado como negocio particular o botín de campañas.
Explicó que el componente “Plus” consiste en seguir la ruta del dinero, particularmente cuando existan indicios fundados de enriquecimiento ilícito.
Nieto Castillo remarcó que este tipo de enriquecimiento rara vez se registra a nombre del propio servidor público, por lo que puede ocultarse mediante esquemas corporativos, prestanombres o familiares.
Por ello, el añadido “Plus” contempla que, ante indicios fundados y mediante los cauces de legalidad correspondientes, las autoridades competentes amplíen las indagatorias hacia el círculo financiero relacionado.
“No se trata de perseguir familias ni de presumir culpabilidades por parentesco, sino de evitar que el vínculo familiar se utilice como escudo para esconder patrimonios mal habidos o conflictos de interés. La transparencia debe llegar hasta donde llegue el dinero, ya sea en México, Estados Unidos o Europa”, sostuvo.
La fiscalización debe estar en manos de las instituciones del Estado
Nieto Castillo calificó de simulación el uso del polígrafo y de convenios privados para revisar a quienes aspiren a cargos de elección popular, y sostuvo que existen instituciones del Estado con las atribuciones y capacidades técnicas para realizar una verdadera fiscalización.
En este sentido, convocó a todas las fuerzas políticas, sin distinción de colores partidistas, a someterse al mismo rasero y aprovechar las herramientas institucionales disponibles a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las autoridades electorales.
“No hay que engañar a los ciudadanos: estas herramientas ya existen”: Arturo Maximiliano
En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura del Estado, Arturo Maximiliano García Pérez, señaló que buena parte de los requisitos incluidos en el protocolo presentado desde el Ejecutivo ya existen en la legislación o han sido implementados anteriormente como mecanismos de transparencia promovidos por organizaciones de la sociedad civil.
“No hay que engañar a las ciudadanas y los ciudadanos del estado, diciéndoles que se va a implementar algo nuevo y que va a hacer alguna diferencia”, afirmó.
Explicó que elementos como las declaraciones patrimoniales, la información sobre propiedades, inversiones, cuentas en el extranjero y otros activos, así como las declaraciones fiscales y de conflicto de interés, forman parte de mecanismos que ya existen.
Asimismo, destacó que el 3 de 3 contra la violencia ya es obligatorio y contempla requisitos relacionados con no contar con sentencia firme por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política en razón de género, además de no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios.
“Esto ya es un tema legal. Esto no es un tema que debe estar en ningún tipo de protocolo”, sostuvo.
El legislador también señaló que existen obligaciones jurídicas para los servidores públicos, como las declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión, así como la manifestación de no conflicto de interés y el cumplimiento de obligaciones fiscales.
García Pérez cuestionó entonces por qué, si realmente se buscaba establecer nuevos requisitos obligatorios, no se presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso para modificar el marco legal.
“Si el Ejecutivo hubiera utilizado su facultad de iniciativa ante el Congreso para hacer una reforma electoral previa, al tiempo que anunciaba este protocolo, hubiera sonado lógico”, planteó.
De igual manera, consideró que los partidos políticos pueden aprovechar las herramientas que ya establece la legislación federal para revisar los perfiles de sus candidatas y candidatos.
Explicó que la legislación permite solicitar la revisión de expedientes ante distintas instituciones, entre ellas la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la FGR y el SAT.
“Entonces, no hay nada nuevo en esto. Me parece que se queda corto, tomando en cuenta los instrumentos ya disponibles justamente en la legislación local y en la legislación federal”, puntualizó.
Por ello, hizo un llamado a quienes participan en la recolección de firmas para que conozcan el marco jurídico vigente y tengan claro que existen mecanismos legales que pueden ser utilizados para fortalecer la transparencia de las candidaturas.
Cuestiona Claudia Díaz Gayou legalidad del polígrafo
Por su parte, la diputada Claudia Díaz Gayou cuestionó la viabilidad jurídica de incorporar mecanismos como el polígrafo dentro de este tipo de protocolos.
Señaló que su aplicación enfrenta un problema fundamental al no encontrarse contemplada como una obligación legal y recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido criterios relacionados con los límites que deben observar las autoridades cuando pretenden implementar políticas o mecanismos que no cuentan con sustento jurídico.
“Es imposible su aplicación, y esto es porque no está contemplado en la ley”, sostuvo.
La legisladora consideró que cualquier mecanismo de evaluación que pretenda imponerse a quienes aspiran a cargos públicos debe contar con fundamento jurídico y respetar los derechos establecidos en el marco constitucional.
Finalmente, los legisladores de Morena coincidieron en que el debate no debe centrarse en presentar como nuevas herramientas que ya existen, sino en fortalecer los mecanismos institucionales de fiscalización, transparencia y combate a la corrupción, particularmente en aquellos temas que representan riesgos específicos para Querétaro.
En este sentido, respaldaron la propuesta de Santiago Nieto de ampliar los filtros mediante la iniciativa “8 de 8 Plus”, incorporando la revisión de posibles vínculos con redes de corrupción inmobiliaria y con el lucro indebido del agua, además de fortalecer la investigación financiera bajo la premisa de seguir la ruta del dinero.
