La imputada se habría hecho pasar por la propietaria de un predio en Milenio III, utilizando un pasaporte presuntamente falso para realizar la operación
La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Lourdes “N” por los delitos de usurpación de identidad y fraude específico, derivados de hechos relacionados con la compraventa de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Milenio III, municipio de Querétaro.
De acuerdo con la investigación, la imputada se habría hecho pasar por la propietaria de un predio ubicado en el fraccionamiento Milenio III, el cual ofertó a otra persona por un monto superior a un millón de pesos. A partir de ello, se iniciaron las gestiones para concretar la compraventa.
Como parte del trámite realizado ante una notaría de la ciudad de Querétaro, la imputada habría utilizado un pasaporte presuntamente falso con los datos de identidad de la legítima propietaria del inmueble, con el que se presentó como titular del predio.
Durante el proceso de compraventa, la persona interesada realizó diversos pagos mediante transferencias bancarias y entrega de dinero en efectivo. Posteriormente, al revisar la información relacionada con el inmueble, detectó inconsistencias en las claves catastrales y posteriormente advirtió irregularidades en la identificación utilizada por quien se ostentaba como propietaria.
Ante estos hechos, esta Fiscalía inició los actos de investigación correspondientes, mediante los cuales se recabaron entrevistas de las personas ofendidas y se realizaron diligencias de reconocimiento. Asimismo, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) incorporaron la información de la probable responsable a las herramientas de análisis e inteligencia, lo que, en conjunto con los demás datos de prueba, permitió establecer su identidad y obtener una orden de aprehensión en su contra.
Durante la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, esta Fiscalía formuló imputación y un Juez de Control resolvió vincular a proceso a Lourdes “N” por usurpación de identidad y fraude específico, en agravio de las personas ofendidas.
Asimismo, la autoridad judicial impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.
