Se aprobó un acuerdo para que las Secretarías de Administración, Finanzas y Seguridad Pública entreguen informes detallados de en un plazo de 15 días hábiles.
En un escenario marcado por el debate técnico y la búsqueda de transparencia institucional, el Pleno del Honorable Ayuntamiento de San Juan del Río el día de hoy aprobó el dictamen de la iniciativa de acuerdo plenario que instruye una revisión profunda y una auditoría exhaustiva al gasto ejecutado en materia de seguridad pública, financiado con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para los años 2025 y 2026.
La aprobación de este mandato legal representa la culminación de una ruta crítica trazada por los regidores de oposición —la regidora Vania Camacho Galván y los regidores Oscar Mauricio Sandoval García, Víctor Manuel Rocha Basurto—, quienes mediante un meticuloso trabajo de cabildeo y un sólido oficio político, lograron convencer al resto del cuerpo edilicio sobre la necesidad imperante de abrir las cuentas públicas en el rubro más sensible para la demarcación.
El documento original, presentado formalmente a la Comisión respectiva, se fundamentó en revisiones preliminares que encendieron las alarmas fiscales del bloque opositor. De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Administración contenido en el oficio SHA/1118/2026, los regidores identificaron que el 51.3% de las aportaciones federales asignadas al municipio no se sometió al escrutinio ni al procesamiento de los canales institucionales ordinarios. Esto significó la elusión directa del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, así como de la Dirección de Adquisiciones.
Aunado a esta asimetría administrativa, la defensa de la iniciativa expuso variaciones financieras drásticas en proyectos aprobados por el propio Cabildo. Entre ellas, destaca la aprobación original de un techo financiero de 32.7 millones de pesos para la adquisición de luminarias, de los cuales únicamente se licitaron y contrataron 4.8 millones de pesos, subsistiendo una diferencia sin esclarecer de 27.9 millones de pesos cuyo destino final no se especificaba en las cuentas públicas.
Lejos de optar por una confrontación mediática o una narrativa sensacionalista, los regidores de oposición centraron la estrategia en la máxima legalidad y el fortalecimiento de la corporación policial. Mediante mesas de trabajo y un cabildeo institucional sustentado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —el cual eleva a rango supremo la obligación de administrar los recursos públicos bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez—, se logró unificar el criterio de las distintas fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento.
El argumento central que destrabó la votación a favor de la auditoría fue el bienestar de los propios elementos policiacos y la ciudadanía. Los proponentes demostraron que mientras el fondo federal FORTAMUN financiaba rubros alternos como el arrendamiento de vehículos recolectores de residuos sólidos por 16.1 millones de pesos o insumos médicos atomizados, el estado de fuerza local manifestaba constantes quejas por la precarización de sus condiciones laborales, jornadas extraordinarias extenuantes y deficiencias en el servicio médico subrogado.
El dictamen aprobado por el Cabildo establece obligaciones vinculantes y de carácter urgente para la administración pública municipal:
- Plazo perentorio de 15 días: Las Secretarías de Administración y de Finanzas deberán remitir un informe pormenorizado y copias certificadas de todos los expedientes contractuales, estudios de mercado y dictámenes de procedencia que sustentaron las compras y arrendamientos de los últimos dos años.
- Justificación de adjudicaciones directas: La Secretaría de Administración deberá fundamentar rigurosamente las razones técnicas para optar por adjudicaciones directas por excepción, de manera específica en la contratación de un despacho consultor externo para el “Programa de Apoyo Policial” que superó el millón de pesos, así como la supuesta fragmentación del gasto en contratos de seguridad privada para inmuebles municipales que ascendieron a 9.3 millones de pesos.
- Informe de condiciones laborales: Las Secretarías de Seguridad Pública y de Administración deberán rendir un diagnóstico conjunto que desglose la evolución de los tabuladores salariales (2024-2026), el inventario físico y obsolescencia del equipo táctico, y el estado real del déficit de plazas en la corporación.
- Intervención del Órgano Interno de Control: Se requiere formalmente a la contraloría local iniciar una auditoría especial sobre la planeación y ejecución de estos fondos, debiendo entregar informes bimestrales de avance al Ayuntamiento.
Para garantizar que el desahogo de las investigaciones no quede sujeto a presiones políticas locales, el acuerdo estipula en sus artículos transitorios que, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles, la Secretaría del Ayuntamiento certificará el cumplimiento u omisión de las dependencias.
Asimismo, la totalidad de los expedientes recopilados y las constancias documentales serán remitidos formalmente a la Auditoría Superior del Estado de Querétaro (ASEQ) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esto eleva el caso al ámbito de la fiscalización superior, asegurando que la revisión cuente con el respaldo técnico de los máximos órganos institucionales del país.
Con esta resolución, el Cabildo de San Juan del Río sienta un precedente en la gestión pública municipal, demostrando que la construcción de acuerdos y el ejercicio del control democrático por parte de los bloques opositores son herramientas viables para salvaguardar el patrimonio de los ciudadanos y asegurar la legalidad en el uso de los recursos destinados a la paz social.
